Acceso a normas legales: ofrecer el SPIJ gratis no es suficiente

Una de las medidas más importantes que ha tomado este Gobierno es liberar el acceso al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Sin embargo, esta labor se viene haciendo poco y mal. Hay muchas medidas más inteligentes que el Ministerio puede tomar, aunque probablemente carece de cualquier tipo de incentivo para hacerlo.

Hasta hace pocos meses, acceder a la base de datos de normas legales vigentes mantenida por el Ministerio de Justicia costaba más de 1,100 soles. Es decir, el Poder Ejecutivo le cobraba a cualquier peruano interesado en consultar el archivo oficial y completo de legislación actualizada el equivalente a casi dos sueldos mínimos al año.[1] No es broma, hace siete años escribí un artículo sobre lo mismo. Pregúntenle a cualquier abogado que conozcan. Una situación ridícula y vergonzosa para cualquier democracia acometida con complacencia por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia durante muchísimos años, que nunca rindió cuentas de cómo usaba estos recursos ni de la razonabilidad de la tasa cobrada. Al punto que el año pasado la OECD diagnosticó este como uno de los problemas principales de nuestro país en su reciente análisis de marco regulatorio para Perú.[2]

Con acierto, la nueva gestión de la Ministra Perez Tello ordenó que el acceso a esta base de datos sea gratuito. Incluso hizo una ceremonia en la Universidad de San Marcos para conmemorar esta decisión, cuya oportunidad debería de darnos más vergüenza que orgullo.

Sin embargo, la implementación de esta medida ha dejado mucho que desear. En lugar de liberar de contraseñas la base de datos que ya ofrecían comercialmente, el Ministerio ha optado por inventar un SPIJ para pobres y otro para ricos. Aunque consumen la misma base de datos, existe una entrada para los usuarios libre de pago y otra para usuarios suscritos. Durante las primeras semanas, la navegación, búsqueda y forma en la que estaban ordenados los registros eran completamente distintas. Más recientemente, las funcionalidades de ambas han pasado a ser equivalentes aunque todavía la información accesible a través del SPIJ de pago es considerablemente más amplia que la que puede consultarse a través del gratuito. De hecho, el Ministerio todavía ofrece la suscripción a la base de datos al módico precio de 1,169 soles anuales.

Me parece evidente que el Ministerio de Justicia no quiere renunciar a considerable la fuente de ingresos que le significa el cobro de estas “licencias” a sus cientos o miles de suscriptores.[3] Supongo que su justificación será que mantener las leyes actualizadas es una tarea constante, difícil de automatizar, que requiere de personal capacitado, una tarea por amor al Perú, etcétera. Lo que no entiendo es porqué en la prioridad de gastos de nuestro país una tarea tan medular como llevar el registro de las normas legales actualizadas no tiene el presupuesto que se merece. ¿Es en serio? ¿Por qué los contribuyentes tenemos que mantener directa o indirectamente a un grupo de personas que producen una base de datos legal de acceso exclusivo para quienes pueden pagar más de mil soles al año? Bastaría con que se paguen menos choferes, mozos o ceremonias en hoteles de lujo para presentar libros con tirajes de 1000 copias para poder financiar esto.

En el esfuerzo de hacer las normas legales accesibles, el Ministerio debería optar por tomar otro rol. Sin lugar a dudas, su labor de organización y mantenimiento de la base de datos es necesaria (aunque bien la podría desempeñar cualquier otra dependencia del Ejecutivo). Sin embargo, esta base de datos debería de ponerse a disposición del público a través de una manera más amigable a la consulta final, que actualmente solo es inteligible para usuarios intensivos del sistema. Además, también debería de facilitarse un API o algún sistema de acceso automatizado que permita a otras dependencias públicas y privadas consultar esta base de datos para ofrecer productos especializados o ofrecer valor agregado encima de la información públicamente disponible. La labor del Estado debería de terminar en el mantenimiento de la base de datos.

Esto no se trata de abogados con dinero que no quieren pagar 1000 soles al año. En un país en el que las normas legales son accesibles para unos pocos, nadie conoce sus derechos, se abre la puerta a la ignorancia, los tramitadores en la puerta de entidades públicas, las leguleyadas de abogados inescrupulosos y la corrupción de mandos medios y dependientes. En general, el costo mismo de los servicios legales se incrementa y continúa excluyendo a buena parte de la población de recibir la asesoría legal que necesita. Lamentablemente, este impacto está tan diluido en nuestra sociedad que es difícil apreciar lo mucho que algo tan simple como dejarnos leer las normas legales puede contribuir a mejorarlo.

Foto: Ministerio de Justicia


  1. Cuando explico esto, siempre alguien intenta decirme que las normas se publica gratis en El Peruano o se pueden encontrar en Google. Sin embargo, en el Diario Oficial solo se encuentra el texto original de una norma tal cual fue aprobado. Como se sabe, las normas cambian mucho a lo largo de su vigencia. Acceder al texto original de la Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta o del Procedimiento Administrativo General es completamente inútil porque estas normas han cambiado tanto desde que se publicaron originalmente en El Peruano que sería irresponsable guiarse de ese texto. Encontrar en Google un PDF que alguien ha subido tampoco nos garantiza si esa norma no ha sido cambiada desde que ese documento fue publicado en Internet.  ↩
  2. En los últimos meses del gobierno anterior, esta situación se había intentado “solucionar” otorgando acceso libre solo a las normas con rango de Ley. Es decir, el Ministerio nos había bendecido otorgándonos una probadita de su base de datos, que dejaba de lado todos los Reglamentos de las leyes.  ↩
  3. Pocas veces se ha usado tan mal el término “licencia” como en este contexto.  ↩

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