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Acceso a normas legales: ofrecer el SPIJ gratis no es suficiente

Una de las medidas más importantes que ha tomado este Gobierno es liberar el acceso al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Sin embargo, esta labor se viene haciendo poco y mal. Hay muchas medidas más inteligentes que el Ministerio puede tomar, aunque probablemente carece de cualquier tipo de incentivo para hacerlo.

Hasta hace pocos meses, acceder a la base de datos de normas legales vigentes mantenida por el Ministerio de Justicia costaba más de 1,100 soles. Es decir, el Poder Ejecutivo le cobraba a cualquier peruano interesado en consultar el archivo oficial y completo de legislación actualizada el equivalente a casi dos sueldos mínimos al año.[1] No es broma, hace siete años escribí un artículo sobre lo mismo. Pregúntenle a cualquier abogado que conozcan. Una situación ridícula y vergonzosa para cualquier democracia acometida con complacencia por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia durante muchísimos años, que nunca rindió cuentas de cómo usaba estos recursos ni de la razonabilidad de la tasa cobrada. Al punto que el año pasado la OECD diagnosticó este como uno de los problemas principales de nuestro país en su reciente análisis de marco regulatorio para Perú.[2]

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Indecopi reconoce que las aplicaciones de taxi no son competencia desleal para los taxistas

Hace apenas unos días fue lanzada la aplicación Perú Drivers, una iniciativa peruana que busca competir con otras de su tipo como Uber EasyTaxi o Cabify. Del mismo modo, a lo largo del año pasado se han anunciado otras aplicaciones peruanas que buscan entrar a competir a este mercado. Incluso hay una que se salió del molde y apunta al servicio de mototaxis.

La aparición de estos servicios no son solo una respuesta a la popularidad de estas aplicaciones sino que forman parte de una actitud muy peruana frente a la competencia extranjera: la de crear ‘versiones nacionales’ de todo, una práctica que en el ecosistema digital es mejor conocida como los copycats.

Sin embargo, estas noticias no han caído bien a todos. Grupos de taxistas formales (entiéndase con permisos municipales) y empresas tradicionales de transporte privado han realizado varios actos de boicot. En algunos casos han sido ‘caravanas de protesta’, pero también han empleado la vía legal para intentar deshacerse de esta competencia que ellos consideran “desleal”.

Como mostramos en un artículo anterior, el INDECOPI ya se ha pronunciado con anterioridad sobre las aplicaciones de este tipo, pero desde el ángulo del servicio al consumidor. Allí, ha tenido algunas interpretaciones que consideramos pueden ser perjudiciales para el futuro de estos negocios. Pero también se ha pronunciado sobre el mismo tema desde el ángulo de la competencia.

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Neutralidad de la Red en el Perú: ¿Qué pasó y qué pasará?

Hace un mes se aprobó por fin el Reglamento de Neutralidad de la Red en el Perú. Esta Resolución de OSIPTEL pone fin a un proceso regulatorio de casi cinco años, que empezó cuando el Congreso aprobó la Ley de Banda Ancha en el 2012. Más que una redefinición de lo que se entiendía por Neutralidad de Red, OSIPTEL se ha limitado a delimitar cuál será su rol al momento de supervisar las prácticas de gestión de red que implementen los operadores.

Neutralidad a la Peruana

Esta norma establece el margen que tienen las empresas que prestan el servicio de acceso a Internet para diseñar y operar sus servicios finales cuando implique el trato preferente o la discriminación de algún tipo de protocolo, aplicación o servicio. En otras palabras, determina condiciones básicas para que ninguna aplicación como Skype o Netflix sea discriminada arbitrariamente por un proveedor de conexión como Claro o Movistar.

El Reglamento publicado por OSIPTEL instrumentaliza cambios legislativos que existen en nuestras leyes desde el 2012, cuando el Congreso aprobó la Ley No. 29904, Ley de la Red Dorsal de Fibra Óptica. Luego de publicarse su Reglamento en el año 2013, solo faltaba que OSIPTEL determine qué prácticas de gestión de red pasarían a ser consideradas arbitrarias o no y bajo qué criterios.

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TISA: El siguiente acuerdo en la lista de Trump

Donald Trump ha decidido inaugurar su mandato con el cumplimiento de algunas de sus promesas más polémicas. En su primer día como Presidente, ha firmado una orden ejecutiva para retirar a su país de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP). Esta medida, que venía siendo anunciada desde la campaña presidencial, tendrá serias implicancias para los países miembros. Al mismo tiempo, hace renacer las dudas sobre la continuidad de otros acuerdos comerciales; especialmente uno de ellos, que es el segundo más grande en la lista: TISA.

TISA son las siglas de Trade in Services Agreement (en español ‘Acuerdo en Comercio de Servicios’), un tratado de libre comercio en negociación que involucra a más de veinte países en todo el mundo, entre ellos Perú. El objetivo de TISA está implícito en su nombre: establecer reglas comunes para el comercio de servicios entre los estados miembros. Sin embargo, de la misma forma que el TPP, TISA apunta a una serie de cambios regulatorios en otros campos como propiedad intelectual, comercio electrónico, entre otros.

¿Pero qué hay de malo con eso? En esta entrada de 2015, habíamos advertido algunas de las consecuencias negativas que tendrían estos cambios para nuestro país. No obstante, durante el año pasado se han liberado decenas de documentos e información secreta que nos han dado a conocer otros aspectos preocupantes. A todo ello se suma una nueva e inquietante pregunta: ¿Donald Trump decidirá retirar a Estados Unidos de TISA o redoblar su esfuerzo? ¿Cuáles serían las implicancias si lo hace?

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Foro de Gobernanza de Internet: lo que fue y lo que será

Escribo este artículo a un mes de haber participado de la onceava edición del Foro de Gobernanza de Internet, que este año se realizó entre los días 6 y 9 de diciembre en Guadalajara, México. Para los que no saben de lo que estoy hablando, hice una pequeña introducción sobre el mismo en esta entrada del año pasado. Allí, comenté mi primera participación en este evento y las impresiones que tuve de lo que vi y oí durante aquella semana. Sugiero leerlo primero y luego volver aquí.

Un año antes, en el Foro de Gobernanza en Joao Pessoa (Brasil), había mucho en juego. El mandato de las Naciones Unidas que había iniciado en 2005 llegaba a su fin y con él la urgencia de mostrar que el modelo de múltiples partes interesadas estaba cumpliendo su propósito. En su hora de la verdad, y con la limitación de no ser un espacio deliberativo, el Foro cumplió y fue todo lo que dice el manual: Un lugar de encuentro, de debate y también de confrontación en pie de igualdad. Esto ciertamente contribuyó a facilitar la renovación del mandato en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un mes más tarde.

Con el Mandato renovado por 10 años más y sin la presión de probarse a sí mismo, el Foro de Guadalajara fue, en mi opinión, un espacio de transición. La mesa se ha vuelto más grande, hay nuevos jugadores y las cartas han vuelto a repartirse. Han aparecido nuevos temas de discusión. Procesos como los de IANA han llegado a su fin. El modelo de gobernanza se expande. Y ahora el Foro deja la región de Latinoamérica y vuelve a Europa. Como lo explica Israel Rosas, miembro organizador del evento, es el Fin de un Ciclo. Sin embargo, hay cosas que no han cambiado y a esas quiero referirme.

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Autoridad de Transparencia y Protección de Datos: otra oportunidad perdida

Finalmente se creó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aunque fue de las primeras promesas de campaña del Presidente Kuczynski, fue el último Decreto en ser aprobado en el último día en el que podía aprobarse bajo las facultades delegadas. Pero el Decreto Legislativo 1353 no se limitó a crear la Autoridad de Transparencia, sino que también modificó en parte la controvertida Ley de Protección de Datos aunque manteniéndo su aplicación a cargo del Ministerio de Justicia.

Como se temía, los resultados dejan bastante que desear. Dice mucho del estado actual de nuestra democracia que tenga que recurrirse a un mecanismo de excepción (decreto legislativo) para crear una instancia de excepción (tribunal administrativo) porque ni el Congreso ni el Poder Judicial quieren o pueden o se les deja hacer su trabajo. Lo que es todavía peor es que cinco días después la misma norma tenga que ser modificada, no corregida, sino modificada mediante Fe de Erratas porque nuestro Ejecutivo “técnico y pragmático” no terminó de decidirse sobre un texto final. El resultado de esta evasión serial de instituciones es obviamente una norma blanda, descalificada por sus propios proponentes, políticamente light y con muy pocas chances de resultar efectiva.

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Defensoría del Pueblo reconoce nuestro derecho a jugar Pokemon GO

Las últimas semanas de diciembre trajeron muchas sorpresas. Como ya hemos comentado aquí, se presentó el polémico Proyecto de Ley para regular la difusión de pornografía en Internet. Pero también ocurrió algo que no esperábamos, pero que nos parece muy positivo. Por primera vez, la Defensoría del Pueblo ha reconocido en un documento oficial el derecho de todos los ciudadanos a ejercer nuestros derechos utilizando la tecnología.

Un juego prohibido

A inicios del mes de setiembre de 2016, el alcalde de la Municipalidad de La Punta promulgó una Ordenanza que regulaba el uso de aplicaciones móviles de realidad aumentada. Entre otras cosas, la norma creaba horarios y zonas donde jugar Pokemon Go estaba “permitido” e imponía multas y otras medidas correctivas para los infractores. Lo que significa que, en todos los demás supuestos, jugar Pokemon GO estaba prohibiod. En este artículo, analizamos la norma al detalle.

Si bien en un primer momento existieron posiciones encontradas, poco a poco se formó un consenso sobre los problemas de aplicar esta Ordenanza sin atentar contra otros derechos. Desde los diferentes sectores de la sociedad se alzaron voces, especialmente entre los jóvenes. Se crearon eventos en Facebook. Las redes sociales explotaron de memes.

La intervención de la Defensoría

Mientras tanto, en Hiperderecho decidimos poner a prueba la gestión del nuevo Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez. Iniciamos una petición en Change.org con un objetivo muy simple: Presentar una carta al Defensor del Pueblo solicitando que su despacho analizara la norma y nos indicara si afectaba derechos fundamentales de forma desproporcionada. Esta petición, que al cierre obtuvo más de 400 adhesiones, fue presentada formalmente a inicios de octubre y hasta ahora estaba pendiente de ser respondida.

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2016: un año de contacto y colisión

Pocos años han traído tantos cambios para nuestras libertades digitales como este 2016. Para bien y mal, las autoridades peruanas han empezado a prestar más atención a lo que sucede en Internet. Esta interacción ha traído buenas ideas, como la anticipada creación de una autoridad de transparencia pública, y también desencuentros, como la prohibición del uso de Pokemon GO en un distrito de Callao. En todos estos debates, definitivamente nos ha faltado un ente rector de políticas digitales. Pero también se han extrañado criterios angulares para aproximarnos a estos problemas y la noción del diálogo de múltiples partes interesadas como ingrediente para tomar mejores decisiones en este espacio.

El nuevo gobierno se ha distinguido más por hechos aislados que por esfuerzos programáticos. Continuar el impulso a la red dorsal de fibra óptica y mejorar el marco legal para la digitalización de procedimientos administrativos son esfuerzos que ayudan a sentar las bases de un ecosistema digital más fluido. En menor escala, hacer por primera vez gratuito el acceso a las normas legales actualizadas le ha devuelto el color del rostro a nuestro país ante la comunidad internacional. Sin embargo, hasta ahora me da la impresión de que hay distintas iniciativas dentro de ministerios y agencias que siguen sin conversar entre sí. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción otorga subsidios a empresas tecnológicas que luego son usados en abogados y contadores que las ayuden a navegar el complejo marco regulatorio societario, laboral, tributario o de protección de datos aplicable una empresa de tecnología en Perú. De regreso, la escasa inversión y fiscalización a las Universidades públicas reduce considerablemente la oferta de talento capacitado para trabajar en estas empresas, aumentando sus costos de personal. Lo que el Estado hace con la mano derecha parece tener sin cuidado a su mano izquierda.

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Yonhy Lescano quiere prohibir la pornografía en Perú

En Perú estamos condenados a combatir una y otra vez las mismas malas ideas sobre cómo regular Internet. La más reciente entrega de nuestro castigo divino es el Proyecto de Ley presentado por el congresista Yonhy Lescano que propone prohibir la difusión de cualquier tipo de pornografía a cualquier persona a través de Internet. Así de ambicioso y así de equivocado.

Es imposible bloquear la pornografía

El proyecto de ley habla de “prohibir su difusión” pero eso es algo que Perú no puede ordenar a empresas extranjeras. Lo que sí podría ordenar es que las empresas operadoras como Movistar bloqueen el acceso a ciertas páginas. Sin embargo, no existe nada como un registro global de páginas con contenido pornográfico. Existen repositorios privados mantenidos por ciertas empresas pero están lejos de abarcar todo el contenido pornográfico. Aunque logren bloquear las más populares, invariablemente seguirá existiendo contenido pornográfico al alcance de cualquiera.

Lo que es peor, al efectuar los bloqueos puede perjudicarse el funcionamiento de otros servicios. Plataformas tan populares como Blogger, Tumblr o Reddit admiten la difusión de contenido pornográfico. Al bloquearlas en Perú, también se estarían bloqueando las páginas de empresas, sindicatos, colectivos sociales o usuarios en general que usen esas plataformas. Por ejemplo, la página en Blogger del propio congresista Yonhy Lescano podría resultar inaccesible como resultado de bloquear otros sitios con contenido pornográfico que existen alojados en la misma plataforma. Otro problema de este modelo es el inmenso poder que se le otorgaría a quien decide lo que se bloquea en línea, que sin transparencia ni debido proceso puede dar lugar a censura de todo tipo.

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Hacernos escuchar

Hoy presentamos nuestra nueva consulta pública La Voz de la Internet Peruana. Se trata de una invitación pública a todos los usuarios de Internet en Perú para ayudarnos a identificar las reformas legales necesarias para impulsar nuestro ecosistema digital.

En el pasado, varios esfuerzos han intentado capturar o diagnosticar todo lo que está bien y mal o debería de hacerse en materia de políticas públicas en tecnología en nuestro país. Aunque algunos son muy interesantes y valiosos, siempre son redactados por unos pocos en comisiones especiales o consultorías. Como resultado, los documentos, memorias y propuestas han capturado solo una parte de la problemática y no han logrado reflejar la opinión de los usuarios de Internet.

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