By Miguel Morachimo

Acceso a normas legales: ofrecer el SPIJ gratis no es suficiente

Una de las medidas más importantes que ha tomado este Gobierno es liberar el acceso al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Sin embargo, esta labor se viene haciendo poco y mal. Hay muchas medidas más inteligentes que el Ministerio puede tomar, aunque probablemente carece de cualquier tipo de incentivo para hacerlo.

Hasta hace pocos meses, acceder a la base de datos de normas legales vigentes mantenida por el Ministerio de Justicia costaba más de 1,100 soles. Es decir, el Poder Ejecutivo le cobraba a cualquier peruano interesado en consultar el archivo oficial y completo de legislación actualizada el equivalente a casi dos sueldos mínimos al año.[1] No es broma, hace siete años escribí un artículo sobre lo mismo. Pregúntenle a cualquier abogado que conozcan. Una situación ridícula y vergonzosa para cualquier democracia acometida con complacencia por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia durante muchísimos años, que nunca rindió cuentas de cómo usaba estos recursos ni de la razonabilidad de la tasa cobrada. Al punto que el año pasado la OECD diagnosticó este como uno de los problemas principales de nuestro país en su reciente análisis de marco regulatorio para Perú.[2]

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Autoridad de Transparencia y Protección de Datos: otra oportunidad perdida

Finalmente se creó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aunque fue de las primeras promesas de campaña del Presidente Kuczynski, fue el último Decreto en ser aprobado en el último día en el que podía aprobarse bajo las facultades delegadas. Pero el Decreto Legislativo 1353 no se limitó a crear la Autoridad de Transparencia, sino que también modificó en parte la controvertida Ley de Protección de Datos aunque manteniéndo su aplicación a cargo del Ministerio de Justicia.

Como se temía, los resultados dejan bastante que desear. Dice mucho del estado actual de nuestra democracia que tenga que recurrirse a un mecanismo de excepción (decreto legislativo) para crear una instancia de excepción (tribunal administrativo) porque ni el Congreso ni el Poder Judicial quieren o pueden o se les deja hacer su trabajo. Lo que es todavía peor es que cinco días después la misma norma tenga que ser modificada, no corregida, sino modificada mediante Fe de Erratas porque nuestro Ejecutivo “técnico y pragmático” no terminó de decidirse sobre un texto final. El resultado de esta evasión serial de instituciones es obviamente una norma blanda, descalificada por sus propios proponentes, políticamente light y con muy pocas chances de resultar efectiva.

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2016: un año de contacto y colisión

Pocos años han traído tantos cambios para nuestras libertades digitales como este 2016. Para bien y mal, las autoridades peruanas han empezado a prestar más atención a lo que sucede en Internet. Esta interacción ha traído buenas ideas, como la anticipada creación de una autoridad de transparencia pública, y también desencuentros, como la prohibición del uso de Pokemon GO en un distrito de Callao. En todos estos debates, definitivamente nos ha faltado un ente rector de políticas digitales. Pero también se han extrañado criterios angulares para aproximarnos a estos problemas y la noción del diálogo de múltiples partes interesadas como ingrediente para tomar mejores decisiones en este espacio.

El nuevo gobierno se ha distinguido más por hechos aislados que por esfuerzos programáticos. Continuar el impulso a la red dorsal de fibra óptica y mejorar el marco legal para la digitalización de procedimientos administrativos son esfuerzos que ayudan a sentar las bases de un ecosistema digital más fluido. En menor escala, hacer por primera vez gratuito el acceso a las normas legales actualizadas le ha devuelto el color del rostro a nuestro país ante la comunidad internacional. Sin embargo, hasta ahora me da la impresión de que hay distintas iniciativas dentro de ministerios y agencias que siguen sin conversar entre sí. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción otorga subsidios a empresas tecnológicas que luego son usados en abogados y contadores que las ayuden a navegar el complejo marco regulatorio societario, laboral, tributario o de protección de datos aplicable una empresa de tecnología en Perú. De regreso, la escasa inversión y fiscalización a las Universidades públicas reduce considerablemente la oferta de talento capacitado para trabajar en estas empresas, aumentando sus costos de personal. Lo que el Estado hace con la mano derecha parece tener sin cuidado a su mano izquierda.

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Yonhy Lescano quiere prohibir la pornografía en Perú

En Perú estamos condenados a combatir una y otra vez las mismas malas ideas sobre cómo regular Internet. La más reciente entrega de nuestro castigo divino es el Proyecto de Ley presentado por el congresista Yonhy Lescano que propone prohibir la difusión de cualquier tipo de pornografía a cualquier persona a través de Internet. Así de ambicioso y así de equivocado.

Es imposible bloquear la pornografía

El proyecto de ley habla de “prohibir su difusión” pero eso es algo que Perú no puede ordenar a empresas extranjeras. Lo que sí podría ordenar es que las empresas operadoras como Movistar bloqueen el acceso a ciertas páginas. Sin embargo, no existe nada como un registro global de páginas con contenido pornográfico. Existen repositorios privados mantenidos por ciertas empresas pero están lejos de abarcar todo el contenido pornográfico. Aunque logren bloquear las más populares, invariablemente seguirá existiendo contenido pornográfico al alcance de cualquiera.

Lo que es peor, al efectuar los bloqueos puede perjudicarse el funcionamiento de otros servicios. Plataformas tan populares como Blogger, Tumblr o Reddit admiten la difusión de contenido pornográfico. Al bloquearlas en Perú, también se estarían bloqueando las páginas de empresas, sindicatos, colectivos sociales o usuarios en general que usen esas plataformas. Por ejemplo, la página en Blogger del propio congresista Yonhy Lescano podría resultar inaccesible como resultado de bloquear otros sitios con contenido pornográfico que existen alojados en la misma plataforma. Otro problema de este modelo es el inmenso poder que se le otorgaría a quien decide lo que se bloquea en línea, que sin transparencia ni debido proceso puede dar lugar a censura de todo tipo.

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10 derechos digitales que todo peruano debe defender

10 derechos digitales que todo peruano debe defender es nuestra nueva campaña para dar a conocer los derechos de los usuarios de tecnología e Internet reconocidos en Perú.

El problema

En Hiperderecho, trabajamos a diario para que la tecnología siga siendo una herramienta para el ejercicio de derechos y la realización personal. Cuando alguien escribe una entrada en un blog, publica una actualización de estado en Facebook o publica una nueva página web ejerce derechos fundamentales.

Sin embargo, casi nunca nos detenemos a pensar en esto. Lamentablemente, cada vez son más frecuentes las amenazas al ejercicio de estos derechos, desde propuestas que quieren regular los contenidos de las páginas web, autoridades que impiden compartir información públicas hasta ordenanzas que nos prohiben jugar videojuegos en la calle.

La campaña

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10 derechos digitales que todo peruano debe defender es una campaña de comunicación para destacar las libertades clave que tenemos como usuarios de tecnología. Hemos revisado con atención las principales leyes de nuestro país para identificar y explicar los derechos fundamentales de los usuarios de tecnología, usando ejemplos y contra ejemplos de situaciones que pueden ponerlos en riesgo.

Nuestro objetivo es que esta información esté al alcance de la mayor cantidad de usuarios de tecnología. Al mismo tiempo, queremos que sirva como punto de referencia para futuras campañas y acciones que exijan el respeto de estos derechos a actores estatales y privados. Si no conocemos los derechos que tenemos como comunidad digital, ¿cómo podemos defenderlos juntos?

Para conocer la lista completa de derechos, puedes visitar el micrositio de la campaña donde cada derecho está explicado y desarrollado. También hemos preparado un video donde un Moisés Digital es descargado de la Nube para entregarles las tablas con los diez derechos a dos amigos peruanos. Además, hemos publicado un libro de actividades gratuita con pasatiempos como colorear o encontrar las diferencias que puedes descargar en línea y que también podrás encontrar desde la próxima semana en varios lugares de Lima.

Vamos a presentar esta campaña el próximo martes 29 de noviembre en el Restaurante Patagonia de Miraflores, donde estaremos regalando el libro de actividades, conversando más sobre estos derechos y compartiendo una cena con todos los que vayan. Más información en la página del evento en Facebook.

Acceso a la Información Pública: ceguera estadística

Hace un par de meses presentamos Pidela.info, nuestra herramienta para enviar solicitudes de acceso a la información pública a cualquier entidad a través de Internet. Al trabajar en esta herramienta, hemos pensado mucho en cómo funciona el Acceso a la Información Pública en nuestro país. Sin embargo, no nos hemos detenido tanto en problemas conocidos como la ausencia de una Autoridad de Transparencia o la amplia flexibilidad que otorgan las excepciones de información reservada, confidencial y secreta. En cambio, nos ha llamado la atención un aspecto poco estudiado: lo poca información que existe sobre con qué frecuencia y con qué nivel de satisfacción se ejerce este derecho. Un tema sobre el que vale la pena reflexionar de cara a la próxima creación de la Autoridad de Transparencia.

Desde su aprobación, la Ley de Transparencia señalaba que la Presidencia del Consejo de Ministros quedaba obligada a enviar al Congreso informes anuales sobre el número de solicitudes atendidas y no atendidas. Sorprendentemente, esta fue quizás la única medida de seguimiento que se creo con la Ley. Cierto, si un funcionario se negaba a cumplir con la Ley podía ser denunciado por el delito de abuso de autoridad. Pero esta medida era más un castigo directo (y de ejecución difícil) antes que una auténtica forma de saber cómo marchaba una norma tan novedosa.

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Una municipalidad peruana ahora prohibe jugar Pokemon GO

Dicen que en en Perú nos gusta ser los primeros en todo. Siguiendo esa tradición nacional, hoy la Municipalidad del distrito de La Punta ha publicado la primera norma legal que regula el uso de videojuegos de realidad aumentada en la vía pública. Se trata de la primera norma legal de su tipo en la región y una de las primeras en el mundo en intentar algo semejante. La norma prohibe el uso de videojuegos como Pokemon GO en todo el distrito, salvo que se haga en las zonas especialmente designadas por la Municipalidad y en el horario autorizado. Quienes se nieguen a cumplir con esta norma podrán ser multados con hasta 395 soles y su dispositivo móvil retenido.

Digámoslo rápidamente: no existe ninguna justificación legal para que la Municipalidad de la Punta prohiba a cualquier vecino o visitante de su distrito hacer lo que quiera con su teléfono en la vía pública. En principio, ni siquiera tiene la potestad de regular el tránsito de peatones en su distrito, como señala Alonso Gurmendi en su muy completo artículo. Las municipalidades pueden restringir el uso de espacios públicos (ej. horarios de apertura de parques) o las actividades que en ellos de desarrollan (ej. consumir alcohol, hacer fuego abierto) pero no decirnos por dónde caminar o qué hacer mientras caminamos.

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Pidela.info: hackeando nuestro Derecho de Acceso a la Información Pública

Esta semana presentamos al público nuestra nueva aplicación: Pidela.info. Se trata de la primera plataforma peruana que permite a cualquier persona enviar oficialmente Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través de Internet en forma gratuita y por Internet. Además, todo el procedimiento es público: desde el pedido inicial hasta su respuesta pueden ser consultados por cualquier persona en el futuro.

El problema

La Constitución Peruana y la Ley de Transparencia reconocen nuestro Derecho de Acceso a la Información Pública. Este derecho nos permite solicitar y obtener cualquier documento, fotografía, base de datos, grabación o archivo creado, obtenido o en poder del Estado. Sin embargo, el ejercicio de este derecho tiene una serie de problemas: los formatos a llenar son complejos, los puntos de atención no siempre están indicados, hay que pagar por copias y se requiere invertir mucho tiempo y recursos para presentar una solicitud de forma exitosa. Esto hace que el ejercicio de este derecho sea exclusivo de unos pocos. Seguir leyendo

El sistema de espionaje de las comunicaciones que dejó Humala

Una nueva investigación de Frank Bajak para Associated Press ha revelado detalles sobre el nuevo sistema de vigilancia e intervención de las comunicaciones que está siendo desplegado por el Estado Peruano. Como ya había sido denunciado el año pasado, la adquisición de este sistema informático por 22 millones de dólares a la empresa israelí Verint Systems se realizó sin licitación previa y bajo orden expresa del ex presidente Ollanta Humala. El asunto fue materia de investigación en la Contraloría y en la Comisión de Inteligencia del Congreso desde agosto del año pasado. Sin embargo, por la naturaleza reservada de esta instancia, no se supo mucho más del tema. Esta semana, gracias a nuevos documentos difundidos por Associated Press, conocemos por primera vez las capacidades técnicas y los entretelones de la puesta en marcha de este controvertido sistema para intervenir y monitorear comunicaciones en Perú.

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Protección de datos personales: la nueva puerta falsa de la censura

La reciente denuncia interpuesta por Javier Villa Stein contra Ojo-Publico.com parece insólita pero es una historia familiar. Cada vez más, la Ley de Protección de Datos Personales está siendo usada como una forma de detener la difusión de cualquier contenido que, sin ser difamatorio, simplemente no le agrada al involucrado. ¿Es esta realmente la mejor forma de aplicar una ley orientada a proteger la privacidad de los peruanos?

Lo que sabemos hasta ahora es que existe una denuncia presentada por el ex presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, contra este medio de investigación ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. La razón aparente es que Ojo-Publico.com estaría llevando a cabo un tratamiento no autorizado de los datos personales del jurista en reportajes elaborados sobre la base de sus declaraciones juradas, incluido el uso de su voz (un dato personal, según la Ley peruana) en la grabación de una entrevista telefónica concedida por el denunciante. Es decir, un juez supremo ha denunciado ante el Ministerio de Justicia a un grupo de periodistas por publicar en Internet una entrevista que él mismo concedió. No cuestiona el sentido de la entrevista, ni niega haberla prestado; simplemente no quiere que aparezca su voz.

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