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Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma propuesta a la Ley de Derechos de Autor

Este mes la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el Dictamen recaído sobre los doce proyectos de ley que buscaban modificar distintas partes de la Ley de Derechos de Autor. Estos proyectos se presentaron durante las semanas siguientes a las audiencias en el Congreso sobre la investigación #IntervenganAPDAYC y provenían de congresistas de distintas bancadas. Casi todos buscaban cambiar reglas específicas sobre el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva (SGC), y algunos también proponían nuevas excepciones y limitaciones para usos domésticos, actividades sin fines de lucro, actividades religiosas y negocios.

Este Dictamen se anuncia como un texto concertado de todos los Proyectos de Ley, aunque está mucho más enfocado en las reformas al sistema de gestión colectiva. El nuevo texto no es todo lo que hubiésemos deseado, pero definitivamente aporta varios cambios positivos y necesarios a nuestro sistema de derechos de autor. Para ser un proyecto tan ambicioso ha merecido muy poco debate y comentarios dentro y fuera del propio Congreso. Sin embargo, a pesar de las omisiones y errores que detallo, que ojalá puedan arreglarse en el Pleno, el Dictamen constituye un paso adelante en nuestra transición hacia un sistema de derechos de autor coherente con la realidad nacional y con una gestión colectiva más transparente, para beneficio de creadores y usuarios por igual.

Los cambios propuestos por el Dictamen pueden dividirse en tres grupos. El primero corresponde a los que tienen que ver con las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Aquí se modifican seis y se incluyen dos nuevos supuestos en los que resulta posible usar o comunicar una obra protegida por derechos de autor sin necesidad de solicitar autorización o realizar un pago. El segundo grupo tiene que ver con las reglas aplicables a las actividades, administración interna y funcionamiento de las SGC. En este caso, destacan las disposiciones que ordenan la implementación de una ventanilla única para la cobranza, la que señala que las tarifas se establecerán de común acuerdo entre las SGC y los grupos de usuarios y una serie de medidas que amplían las obligaciones de transparencia y los poderes sancionadores de Indecopi. Un tercer grupo lo constituyen ciertos artículos sobre la forma en la que se aplica la Ley de Derechos de Autor, como el señalar que no se podrá pactar en contra de las excepciones y limitaciones o la obligación de poner a disposición de la biblioteca nacional para copia los ejemplares raros de obras en dominio público.

Formalmente, este Dictamen espera ser incluido Agenda del Pleno del Congreso para su discusión y aprobación. Sin embargo, es posible que su debate no alcance a llevarse a cabo durante esta legislatura, que fue recientemente ampliada hasta el 27 de junio. ((En la agenda de la sesión del último jueves, no fue incluído.))

Lo bueno

En los dieciocho años que lleva vigente nuestra Ley de Derechos de Autor, se trata de la segunda vez en que va ser modificada para ampliar el catálogo de excepciones y limitaciones. ((La vez anterior se dio en el 2002, a propósito de la Ley que exceptuó el pago de Derechos de Autor por la Reproducción de Obras para Invidentes.)) Esta lista de casos en los que es posible usar una obra sin autorización del titular constituye una garantía para que el sistema de derechos de autor no afecte el acceso a la cultura y el conocimiento. Lamentablemente, casi todas las modificaciones que ha sufrido la Ley han sido para darles más derechos a los titulares de las obras protegidas y se ha perdido de vista el necesario equilibrio respecto de los derechos de los usuarios. Por ello, entre lo más positivo del Dictamen está el hecho de que se estén modificando e incluyendo nuevas excepciones y limitaciones.

Entre las nuevas y necesarias excepciones se incluyen dos orientadas a facilitar el uso de obras en espacios académicos o para fines de enseñanza, cuando se usen para actividades de promoción de la lectura y las realizadas por instituciones sin fines de lucro. También se amplían las excepciones existentes para personas con discapacidad y para copia privada, incluyendo la posibilidad de aprovechar nuevos medios tecnológicos.

El grueso de las reformas positivas lo conforman las nuevas reglas aplicables a los SGC. Hay que reconocer que la Comisión ha estudiado de cerca las denuncias formuladas contra SGC en los últimos años y ha hecho un esfuerzo por mejorar los estándares de fiscalización y transparencia aplicables. Así, por ejemplo, se propone que solo puedan dedicarse a la recaudación y distribución de las regalías y la defensa de los derechos patrimoniales de sus representados, excluyendo en la práctica actividades como la compra de radios. Otras reformas que merecen destacarse son:

  • Las SGC estarán obligadas a tener a disposición de asociados y usuarios el repertorio de obras que administran para consulta gratuita
  • Las tarifas deberán de establecerse de común acuerdo entre las SGC y los gremios o grupos representativos de usuarios
  • La imposibilidad de que se cobre a los titulares de derecho por el uso de sus propias obras, sean o no derechos administrados.
  • El porcentaje de sus ingresos que las SGC pueden usar para sus gastos ordinarios se reduce de 30% al 20%.
  • Ningún asociado puede tener más de un voto. Todos los asociados tienen derecho a votar para elegir a los representantes de las SGC.
  • Los miembros del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia solo duran tres años y solo se pueden reelegir una vez en periodo no consecutivo. Luego, no pueden ocupar ningún otro cargo en la SGC.
  • Se amplía su régimen de incompatibilidades para incluir conflictos de interés con familiares, clientes, empleadores o socios.
  • Se elimina la posibilidad de que ex representantes de las SGC pasen a trabajar a Indecopi y viceversa, eliminando una peligrosa puerta giratoria para el sistema. ((Por cierto, reglas de este tipo las deberíamos de tener en muchos otros rubros. Pero esa no es una reforma que alguien le interese hacer en el Estado.))

Existe un grupo de reformas que considero positivas como idea pero que no conocemos bien todavía porque su regulación ha sido encargada a un futuro Reglamento. Es el caso del sistema de Ventanilla Única, que permitirá que a través de un solo pago se pueda cumplir con pagar las tarifas de todas las SGC involucradas en el uso de una obra. Actualmente, quien quiere usar una obra protegida tiene que negociar y pagar a menudo a más de una SGC ya que recaudan tarifas por distintos conceptos. Así, por ejemplo, mientras que APDAYC recauda la tarifa que corresponde a los autores de una canción, UNIMPRO hace lo propio respecto de los productores fonográficos de la misma y puede haber casos en los que también se tenga que pagar por los derechos de los intérpretes. Esta complejidad desanima a cualquiera que intenta pagar y es una pérdida de tiempo para muchos, por lo que un sistema de Ventanilla Única suena como una buena simplificar y facilitar el cumplimiento. Reconozco que el asunto es complejo y espero con ansias ver cómo va a ser resuelto por el Ejecutivo en el Reglamento.

Lo malo

Quizás lo que más me desilusiona del Dictamen no es lo que está sino lo que no está. Varios de los Proyectos de Ley originales tenían propuestas muy interesantes, genuinamente sensibles a la realidad nacional y merecedoras de un debate. Sin embargo, este Dictamen que parece salir apurado ha mirado algunas de estas propuestas por encima del hombro y las ha convertido en anécdota. Es el caso, especialmente, de las propuestas de nuevas excepciones y limitaciones y de las propuestas sobre aplicación y cumplimiento de la Ley que estaban en el proyecto del congresista Elard Melgar.

También encuentro discutible la forma en la que se propone cambiar la excepción referida al uso doméstico de obras. Es cierto que la redacción actual es pésima y obliga a que cualquier reunión familiar o social sin fines de lucro que se lleve a cabo fuera del propio hogar tenga que pagar regalías. La reforma, en cambio, propone que este tipo de reuniones pasen a estar exceptuadas incluso cuando se realicen en locales alquilados. Sin embargo, extrañamente menciona que los dueños de los locales que habitualmente se dediquen al alquiler sí estarán obligados a pagar una tarifa por la comunicación pública realizada en sus locales. Lo que en la práctica es esencialmente lo mismo ya que los dueños de los locales transferirán ese costo a los usuarios a través de un incremento en el precio del alquiler. Además, es una contradicción que por un lado se reconozca como un uso permitido la comunicación pública de obras protegidas en eventos familiares y, por otro lado, se diga que los dueños de los locales en donde se lleva a cabo esa comunicación estén obligados a pagar una tarifa por la misma. ¿Por qué tendrían que pagar si es que dentro de sus locales se están llevando a cabo usos permitidos? ((Es igual de contradictorio como obligar a las editoriales a pagar por las citas textuales que hacen los autores de los libros que publican, cuando este uso es perfectamente legal.)) Lo consistente, si es que el Congreso quiere exceptuar a los eventos familiares, es que no se apliquen tampoco se apliquen tarifas a quienes alquilen los locales para que se lleven a cabo reuniones familiares o sociales sin fines de lucro ni cobro de entrada.

Un caso particularmente confuso es el del artículo 117, que creo que se plantea reformar para peor. Actualmente, este artículo señala que ninguna tipo de autoridad puede autorizar espectáculos y audiciones públicas sin que el responsable presente la autorización de los titulares de los derechos de las obras protegidas a utilizarse. El Dictamen quiere agregar un párrafo para darle a las “autoridades competentes” la facultad de prohibir la comunicación pública de obras que no cuenten con autorización, de oficio o a solicitud de los titulares. Aunque es una facultad que siempre han tenido Indecopi y el Poder Judicial, no estaría de más agregar que en todos los casos será necesario un procedimiento previo y no podrá pasarse por alto el derecho a la legítima defensa del usuario. ¿Por qué es importante? Porque el acto de prohibir una comunicación pública puede significar clausurar un evento, ordenar el secuestro de un periódico o un libro, impedir que salga al aire un programa de televisión o incluso dar de baja a una página web. Es, por tanto, un poder que debe de ser ejercido conforme a las más altas garantías constitucionales. ((El allanamiento del dominio peruano de The Pirate Bay a cargo de Indecopi es un excelente ejemplo del tipo de casos que deberíamos legislar para evitar: una medida cautelas fuera de proceso, de oficio y sin notificar que en la práctica clausura el medio de acceso a una página web.)) Además, debería de señalarse cuáles son las autoridades competentes, porque incorrectamente podría ampliarse esta obligación a autoridades como Municipalidades que si bien son competentes para dar licencias de funcionamiento no son competentes ni están capacitadas para pronunciarse sobre derechos de autor.

Lo feo

Hay una omisión genuinamente desconcertante en el Proyecto y que tiene que ser subsanada inmediatamente. El año pasado, antes del escándalo de APDAYC, el congresista Sergio Tejada presentó un breve proyecto de ley orientado a mejorar el régimen de excepciones y limitaciones para fines educativos, con énfasis en facilitar la proliferación de soluciones de aprendizaje a distancia y en línea. Este Proyecto siguió su curso, mereció la opinión favorable de Indecopi y del Ministerio de Educación y finalmente recibió un Dictamen de la propia Comisión de Consumidor. Como parte de esta nueva reforma, en el Dictamen que hemos venido analizando se han incluido dos de los tres cambios que el Dictamen anterior proponía. ¿Cuál es el que se ha dejado de lado? El que liberaba a las bibliotecas de la anacrónica restricción según la cual solo pueden prestar materiales impresos. Esa restricción estuvo a punto de ser eliminada en el Dictamen anterior y esa reforma ha sido omitida sin explicación de ningún tipo en este nuevo Dictamen. Entiendo que igual podría terminar aprobándose el Dictamen anterior pero, si es que se aprueba este, ya no va existir ningún interés en darle prioridad al primero y el Proyecto original todavía está pendiente de ser dictaminado en otra Comisión. El congresista Sergio Tejada, la Comisión de Defensa del Consumidor y el Congreso necesitan subsanar esta omisión pronto.

Otro aspecto negativo es el apresuramiento con el que se terminó aprobando el Dictamen. Tanto así que durante la misma sesión algunos congresistas como Galarreta pidieron que se postergue la votación para poder discutir el nuevo texto propuesto, que acababan de recibir hace minutos. Para todo el tiempo que se invirtió durante las sesiones con Apdayc y los varios meses que los Proyectos pasaron esperando discusión, la aprobación de este Dictamen se despachó apenas en dos sesiones. Este apresuramiento puede ser el responsable de la omisión anterior y del hecho que se hayan recibido muy pocos comentarios a los proyectos de Dictámenes que se han manejado.

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Proyecto de Ley No. 3214/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por Cecilia Tait (Unión Regional) el 4 de marzo de 2014 y también lleva la firma de los congresistas Lay Sun, Humberto; Falconi Picardo, Marco Tulio; Lewis Del Alcazar, Norman David; Monterola Abregu, Wuilian Alfonso; y, Portugal Catacora, Mariano Eutropio.

En marzo del 2014, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.

Lo que propone

Este Proyecto propone modificar ocho artículos de Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con excepciones y limitaciones y sociedades de gestión colectiva (SGC).

El primer cambio que el Proyecto propone es añadir una nueva excepción al listado del artículo 41, de casos en los que eso posible comunicar lícitamente una obra sin pedir autorización ni pagar regalías, para añadir a las obras “consideradas de dominio público y que tengan el carácter de Ancestrales”.

También propone cambiar el artículo 117 que actualmente prohibe a las autoridades otorgar la autorización para espectáculos sin tener a la vista la autorización de los titulares de los derechos de autor de las obras. Al respecto, propone agregar un párrafo para precisar que, cuando corresponda, las personas naturales o jurídicas que arrienden establecimientos para eventos privados como matrimonios, fiestas o cumpleaños serán las obligadas a pagar.

Siguiendo lo propuesto por otros proyectos de ley analizados en esta serie, el Proyecto plantea cambiar el artículo 147 para precisar que las SGC solo puedan hacer valer en procedimientos y procesos los derechos que les hayan sido encomendados “de manera directa y explícita por sus titulares”.

Sobre las obligaciones aplicables a las SGC, propone cambiar el artículo 146 para precisar que estarán obligadas a presentar un informe anual sobre su gestión a la Oficina de Derechos de Autor. También plantea que sus estatutos deberán contener, entre otros requisitos ya establecidos, el periodo de gestión de sus órganos de gobierno y las sanciones aplicables a los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia en caso se encuentren en conflicto de interés. Así mismo, propone añadir como incompatibilidad para el cargo de Director General de una SGC el ser socio de una empresa privada que contrate directamente con la SGC. Adicionalmente, establece en tres años el plazo máximo para los órganos de gobierno de las SGC, pudiendo ser reelegidos una sola vez y en un periodo no consecutivo, y establece claramente que los funcionarios de la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi no podrán formar parte del cualquier órgano administrativo o de gobierno de las SGC hasta por un periodo de cinco años luego de haber abandonado el cargo.

Sobre los montos no repartidos, propone modificar el artículo 162 para ampliar de cinco a diez años el plazo de prescripción montos percibidos por sus socios y que no fueran cobrados por éstos. Así mismo, en caso se recauden regalías por obras cuyos autores no se puede identificar se mantiene la obligación de conservar los fondos por tres años y, en caso no aparezca su titular, restringe que esos fondos solo podrán ser utilizados para promocionar el trabajo de autores y compositores nacionales.

El Proyecto sustenta sus propuestas en las denuncias de la investigación #IntervenganAPDAYC. Según su propia exposición de motivos, su intención es modificar algunos artículos para una mejor protección de los derechos de todos los autores. Entre las propuestas positivas, identificamos las referidas a mejores reglas de fiscalización para las SGC y la variación de los plazos de prescripción para la regalías no reclamadas y no identificadas. Sin embargo, creemos que algunas de las propuestas necesitan ser mejor trabajadas para asegurar que no produzcan consecuencias no deseadas.

Es el caso de la pretendida excepción aplicable a las obras de dominio público o de “carácter ancestral”. Esta propuesta es problemática porque: (i) los derechos patrimoniales de las obras que han pasado a dominio público no son exigibles y no necesitan de una excepción, (ii) es posible que muchas interpretaciones de obras que están en dominio público todavía estén vigentes y esta excepción anularía de plano toda posibilidad de cobrar por ellos, y, (iii) esta regla podría desincentivar la creación de interpretaciones y traducciones de obras en dominio público o ancestrales, lo que amenazaría su facilidad de acceso.

Otro caso problemático es la inversión de la carga de la prueba en el artículo 147. Al respecto, creemos que el requisito de exigir acreditar que los derechos que intentan representar las SGC hayan sido encomendados “de manera directa y explícita por sus titulares” solo debería de funcionar para los titulares nacionales, en tanto exigir lo mismo para los extranjeros sería imposible de cumplir para las SGC. En esos casos, debería de satisfacerse ese requisito con los convenios que las SGC han suscrito con sus pares internacionales.

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Proyecto de Ley No. 3157/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por Rubén Condori (Gana Perú) el 29 de enero de 2014 y también lleva la firma de los congresistas Abugattás Majluf, Daniel Fernando; Apaza Condori, Emiliano; Coa Aguilar, Ruben Rolando; Coari Mamani, Claudia Faustina; Llatas Altamirano, Cristobal Luis; Saavedra Vela, Esther; y, Yrupailla Montes, Cesar Elmer.

En enero del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.

Lo que propone

Este Proyecto propone cambiar cuatro artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con excepciones y limitaciones y sociedades de gestión colectiva (SGC).

El primer cambio propuesto por el Proyecto consiste en agregar tres nuevos supuestos a la lista de casos en los cuales se posible comunicar una obra sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a sus titulares. El primer supuesto está relacionado con las festividades, fiestas, danzas folklóricas, danzas afro peruanas, música andina ancestral y expresiones de la fe religiosa declaradas como patrimonio cultural de la Nación “entre otras que son de dominio público” siempre que no exista fin de lucro. El siguiente caso excluye las actividades “en honor y devoción a un Santo Patrono” que tienen por objeto cultivar las diversas tradiciones de los pueblos. Finalmente, el tercer inciso que propone incorporar al artículo 41 excluye a las actividades realizadas por instituciones de ayuda humanitaria o entidades religiosas en actos de caridad y ayuda económica.

También se propone añadir como requisito para que Indecopi autorice el funcionamiento de cualquier SGC el que no existan distintos tipos o categorías de asociados con distintos derechos de voto en la toma de decisiones y elección de miembros de los órganos de gobierno. De la misma manera, también propone modificar el artículo 153 para obligar a las SGC a someter su balance, gestión administrativa y documentación contable a un auditor externo seleccionado bajo concurso público llevado a cabo por Indecopi. Además, agrega que las SGC no solo deberán de informar a sus socios sino también a la Comisión de Defensa del Consumidor de los resultados de esta auditoría. También se propone incluir en el mismo artículo un acápite que obligue a las SGC a cobrar tarifas que respeten la proporcionalidad, razonabilidad, equidad del lugar y giro del negocio y que, virtud de estos principios, no se apliquen las tarifas a los “stands de venta al consumidor final o se tome como referencia la categorización que regula el impuesto a la renta para determinar el pago de uso de repertorio”.

Finalmente, propone que los miembros de los órganos de gobierno de las SGC estén obligados a presentar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas además de la de ausencia de elementos de incompatibilidad. Estas declaraciones, precisa, deben de ser enviadas tanto a Indecopi como a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

Mayor precisión

Este Proyecto también está claramente motivado por las denuncias formuladas contra APDAYC en diciembre del año pasado. Sin embargo, creemos que con la correcta intención de prevenir que vuelvan a suceder este tipo de controversias se han pasado por alto algunos elementos en la redacción final de las propuestas. Aunque saludamos la propuesta de incluir más excepciones y limitaciones, creemos que hay supuestos como el de las fiestas patronales y el de la música tradicional que deben de ser revisados. El Proyecto parece no comprender bien los alcances de los conceptos de dominio público, pago por uso de obra protegida por derecho de autor o derecho conexo y música tradicional. Así, por ejemplo, si bien no es necesario retribuir al autor de una obra bajo dominio público sí será necesario retribuir al intérprete de dicha versión si es que todavía su interpretación todavía no pasó a dominio público. De la misma manera, no se puede tratar por igual a todas la música tradicional o característica del Perú ya que una excepción genérica que señale que siempre que se toque una marinera, un huayno o un festejo no habrá necesidad de reconocer ningún derecho podría tener un efecto contraproducente en la producción cultural. En esos casos, creemos que resulta necesario seguir la línea de otros proyecto y referirnos exclusivamente a tipos de uso para abarcar las reuniones sociales de distintos tamaños donde no exista un fin de lucro ni se cobre entrada.

Otra manera heterodoxa de introducir una excepción es la propuesta de incluir la prohibición de aplicar tarifas a “stands de venta al público” desde el artículo que lista los requisitos que deberán cumplir las SGC para inscribirse. Creemos que esta excepción debería de estar en el artículo 41. Con independencia de ello, reconocemos que la redacción todavía es muy vaga aunque es un criterio adecuado el poder utilizar la clasificación tributaria como referente para determinar las obligaciones de pago de regalías de los distintos usuarios. En este punto, si bien las SGC introducen tarifas escalonadas en proporción a algunos criterios como aforo o incidencia del uso, se trata de una práctica unilateral que sería mucho más apropiado asegurar a través de la propia Ley,

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Proyecto de Ley No. 3058/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por Emiliano Apaza (Gana Perú) el 6 de diciembre de 2013 y también lleva la firma de los congresistas Pari Choquecota, Juan Donato; Condori Cusi, Ruben; Coari Mamani, Claudia Faustina; Coa Aguilar, Ruben Rolando; Molina Martinez, Agustin F; y, Reynaga Soto, Jhon Arquimides.

En diciembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.

Lo que propone

El Proyecto propone cambiar exclusivamente el artículo 41 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, referido a la lista de excepciones y limitaciones. Al respecto, propone agregar un nuevo párrafo incluyendo una excepción especial para celebraciones o festividades públicas o privadas de carácter social, sin interés económico y sin cobro de entrada.

Artículo 41.– Las obras del Ingenio protegidas por la presente Ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna en los casos siguientes:

(… )

f) Cuando las celebraciones o festividades públicas o privadas se realicen con motivos de festividades culturales. patronales. alterados. aniversarios. matrimonios, cumpleaños, fiestas infantiles, promociones. bodas de plata. fiestas de cachimbo, quinceañeras, fiestas navideñas o similares. siempre que no exista un interés económico. directo o indirecto y que el ingreso no genere algún tipo de pago o contraprestación.

Este Proyecto está exclusivamente dirigido a contestar las denuncias por cobros abusivos o desproporcionados por parte de APDAYC. Por ello, propone incluir una nueva excepción que excluya de la responsabilidad de pagar por el uso de obras a todo tipo de celebración y festividad social y sin fines de lucro. Al respecto, como lo hemos expresado al comentar otros proyectos de ley, creemos que el camino más adecuado es ampliar la definición de ámbito doméstico si lo que se quiere es permitir las reuniones sociales privadas. Por otro lado, creemos que el listado propuesto por este Proyecto es un cambio no necesariamente excluyente y mantienen el equilibrio al limitarlo a casos en los que no existe un interés económico directo o indirecto.

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Proyecto de Ley No. 3038/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por Vicente Zeballos (Solidaridad Nacional) el 5 de diciembre de 2013 y también lleva la firma de los congresistas Benítez Rivas, Heriberto; Luna Gálvez, José León; Acuña Peralta, Virgilio; Belaunde Moreyra, Martin; Rondon Fudinaga, Gustavo Bernardo; y, Wong Pujada, Enrique.

En diciembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.

Lo que propone

Este Proyecto propone cambiar dos artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva (SGC). El primero es el artículo 147, que también ha sido objeto de propuestas de cambio en otros proyectos de ley analizados en esta serie. Sobre el mismo, el Proyecto propone que las SGC deberán de acreditar fehacientemente que le ha sido encomendada la gestión de los derechos que intentan defender o reclamar. El segundo artículo que el Proyecto busca modificar es el 151 para precisar que para la elección de los órganos de gobierno y representación ningún asociado de la SGC puede tener más de un voto.

Las dos propuestas que contiene este Proyecto de Ley ya han sido ensayadas por otros proyectos analizados en esta serie. Su reincidencia confirma la necesidad y el interés que existen por parte de los legisladores en reformular estas secciones de la Ley de Derechos de Autor.

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Proyecto de Ley No. 3036/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por José Luna (Solidaridad Nacional) y también lleva la firma de los congresistas Acuña Peralta, Virgilio; Belaunde Moreyra, Martin; Zeballos Salinas, Vicente Antonio; Wong Pujada, Enrique; y, Rondon Fudinaga, Gustavo Bernardo.

En diciembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.

Lo que propone

Este Proyecto de Ley propone modificar diez artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en relación con normas generales sobre derechos de autor, excepciones y limitaciones y también sociedades de gestión colectiva.

El primer artículo que propone cambiar está relacionado con las obras que han pasado en dominio público. El Proyecto considera necesario agregar un párrafo al artículo 29 para señalar que toda persona que tenga un ejemplar único o raro de una obra en dominio público tiene la obligación de brindar las facilidades que sean necesarias para que la Biblioteca Nacional del Perú obtenga gratuitamente una reproducción de la obra completa con la finalidad de garantizar el acceso público al patrimonio cultural común.

Al igual que otros proyectos de ley reseñados en esta serie, propone cambiar el artículo 41 sobre casos en los que puede comunicarse una obra sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna para modificar tres incisos y agregar uno extra. El primer cambio propone amplia la excepción existente para ámbito doméstico para abarcar los ámbitos sociales y familiares así como para precisar que también abarcará matrimonios, cumpleaños, entre otros, organizados por personas naturales siempre y cuando no se cobre entrada. También se propone ampliar el inciso referente a actos oficiales y religiosos para eliminar el requisito de que solo se trate de pequeños fragmentos e incluyendo también a los actos benéficos llevados a cabo por entidades sin fines de lucro. A continuación, también propone modificar el inciso referente a los usos con fines didácticos para que abarque no solo a las instituciones de enseñanza sino también a las que realicen actividades de enseñanza ya sea presencial o por cualquier otro medio. Finalmente, también propone incluir un inciso para actividades de promoción pública o privada de la lectura, o de actividades de promoción de acceso a la cultura dirigidas a personas con discapacidad.

El Proyecto también propone modificar el artículo 43 también sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor. El primer cambio es precisar que el grupo de usos listado por este artículo, al igual que los del artículo 41, no implican el pago de remuneración alguna. En el listado existente, propone ampliar la excepción que permite a instituciones educativas fotocopiar artículos o de extractos de obras para fines educativos para que también estén comprendidas instituciones que, no siendo exclusivamente educativas, también realicen actividades de enseñanza. También propone ampliar el artículo que hoy permite fotocopiar obras agotadas para uso personal y autorizar también otras formas de reproducción llevadas a cabo por medios conocidos o por conocerse. Al igual que el proyecto de Sergio Tejada, propone eliminar la restricción según la cual las bibliotecas solo pueden prestar material impreso para ampliar el criterio a obras contenidas en todo tipo de soporte. Así mismo, propone ampliar la excepción que permite la reproducción de obras para uso de invidentes para incluir también la distribución de ejemplares, transformación, y en general la puesta a disposición del público y para beneficio personas con todo tipo de discapacidad. Adicionalmente, el Proyecto también propone incluir una nueva excepción especialmente para actividades educativa, sociales y religiosas sin fines de lucro:

h. La reproducción, difusión, distribución y comunicación pública, sin fines de lucro directo ni indirecto, con ocasión de la realización de actividades educativas, eventos familiares, eventos sociales o ceremonias religiosas, por medios audiovisuales o sonoros de imágenes o sonidos de las obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos.

También en relación con las excepciones y limitaciones, el Proyecto propone modificar el artículo 50 de la Ley que actualmente señala que las excepciones deben de aplicarse de manera restrictiva para agregar que dichos artículos son normas de orden público y no admiten pacto en contrario.

Más adelante, el Proyecto propone cambiar el artículo 147 para obligar a las sociedades de gestión colectiva (SGC) a acreditar fehacientemente la representación de los derechos que intenta cobrar o hacer valer en procedimientos y procesos. Este cambio también ha sido propuesto por otros proyectos de ley de esta serie.

El Proyecto también propone varios cambios relacionados con las SGC, como precisar que el contrato de adhesión de un titular con la sociedad podrá contener un mandado sin exclusividad de respresentación, que las tarifas a cobrar sean registradas y aprobadas previamente por Indecopi, y que también necesiten de dicha autorización cuando vayan a gastar en activos más del 10% de sus ingresos permitido por Ley. De la misma manera, propone obligar a las SGC que tengan a disposición de los usuarios las tarifas y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros, que administren.

En el mismo sentido, propone añadir un nuevo artículo a la Ley que promueve la gestión independiente de los derechos de autor en coexistencia con el modelo de gestión colectiva:

Artículo 167-A.— Sin perjuicio de su afiliación a sociedades de gestión colectiva, los titulares de derechos patrimoniales de autor podrán celebrar acuerdos de cesión de derechos o de licencia con terceros para su ejercicio dentro y/o fuera del territorio nacional sin la intervención directa o indirecta de las sociedades de gestión colectiva a las que se encuentren afiliados, y no deberán ser requeridos a efectuar pago alguno a las sociedades de gestión colectiva por el ejercicio directo de los derechos patrimoniales de los que sean titulares o cotitulares ni por la gestión individual de los mismos, bajo responsabilidad. Las personas naturales o jurídicas que celebren acuerdos por escrito con los titulares de derechos patrimoniales no se encontrarán obligadas a efectuar pago alguno a las sociedades de gestión colectiva en relación con el ejercicio de los mismos derechos.

Al igual que otros proyectos, propone ampliar el régimen de incompatibilidades de los cargos de Director General y miembro del Consejo Directivo para prohibir que quienes ocupen estos cargos estén vinculados profesional o personalmente con editoras que administren obras que formen parte del repertorio de la sociedad. Además, también propone incluir en la Ley que las SGC no podrán contratar con el cónyuge, concubina o parientes no solo del director general sino también de los miembros del Consejo Directivo, de un miembro del Comité de Vigilancia o de un miembro del Consejo Consultivo.

Finalmente, el Proyecto de Ley también propone derogar el artículo 117 que obliga a las autoridades con la potestad de autorizar espectáculos públicos a comprobar que se haya emitido una autorización de los titulares de los derechos de las obras protegidas a utilizarse.

Un proyecto muy completo

Creemos que se trata de uno de los proyectos mejor investigados y con las propuestas más equilibradas del grupo. Aunque algunas de sus propuestas ya han sido formuladas por otros Proyectos de Ley, en líneas generales el Proyecto parece tener motivaciones más objetivas e importantes que la mera reacción al caso APDAYC.

Es destacable el énfasis que se coloca en la revisión de las excepciones y limitaciones existentes, agregando o ampliando supuestos necesarios en virtud de las nuevas formas de producción y consumo cultural. Otra gran motivación para varias de estas propuestas es la promoción de las actividades educativas y de enseñanza, muchas de las cuales serían sacadas de zonas grises de acogerse las propuestas de este Proyecto. Eso no solo incluye la excepción para bibliotecas sino también la que se propone para permitir que se reproduzcan obras agotadas para uso personal a través de medios distintos a la fotocopia.

El Proyecto también acierta en identificar el problema del controversial artículo 147 y propone invertir la carga de la prueba para que sean las SGC y no los usuarios los obligados a probar que efectivamente representan a los titulares de derechos que dicen representar. De la misma manera, resulta importante en la línea de la política nacional de inclusión y accesibilidad la ampliación de la excepción para personas con discapacidad que erróneamente está limitada a personas ciegas y a formatos como el Braille.

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Proyecto de Ley No. 3019/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por Edgar Melgar Valdez (Fuerza Popular) el 29 de noviembre de 2013 y también lleva la firma de los congresistas Gagó Perez, Julio César; Cuculiza Torre, Luisa María; Vacchelli Corbetto, Gian Carlo; Tan De Inafuko, Aurelia; Lopez Cordova, Maria Magdalena; y, Pariona Galindo, Federico.

En diciembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.

Lo que propone

Este breve Proyecto de Ley busca modificar tres (3) artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con el contenido del derecho patrimonial de autor y las reglas aplicables a infracciones y sanciones. Está directamente motivada por las denuncias sobre las intervenciones realizadas por APDAYC en distintos espacios en los que se arrogan facultades propias del poder de policía del Estado.

En esa línea, el primer cambio busca precisar que el ser titular o representante del titular de los derechos de autor sobre una obra no da derecho a ejercer directamente la protección de este derecho. Al respecto, señala que cualquier forma de intervención para procurar la protección del derecho de autor solo puede ser llevado a cabo por la autoridad competente a solicitud de su titular, con sujeción al debido proceso y respetando el irrestricto derecho de defensa del afectado. Al respecto, consideramos particularmente lúcidas las palabras de la Exposición de Motivos cuando señala:

(…) el accionar del titular del derecho de autor (que es un derecho subjetivo tan igual, ni más ni menos que cualquier otro derecho subjetivo que el ordenamiento legal protege) debe ceñirse a las normas y procedimientos que la ley franquea a todos los titulares de derechos subjetivos, sin razón de privilegio, dado que el ius imperio para compeler a su respeto y cumplimiento corresponde a la autoridad pública debidamente empoderada lo que excluye de su ejercicio a todo particular, cualquiera sea su origen y naturaleza.

Además, también propone cambiar el lenguaje del artículo 184 relacionado con la colaboración policial para la protección de los derechos de autor. La versión actual de dicho artículo señala que la autoridad policial deberá de comprobar de inmediato y levantar un constatación, a solicitud del titular o de su sociedad de gestión colectiva, la comisión de cualquier acto que infrinja los derechos de autor. El Proyecto considera utilizar una redacción menos impositiva para considerar que el titular o la sociedad podrá solicitar a la policía la comprobación y la policía ya no estará obligada a hacerlo inmediatamente sino conforme a su propia disponibilidad. Nuevamente, consideramos apropiado este cambio en relación con el principio de igualdad entre sujetos de derecho según el cual no deberían de establecerse distinciones para la protección y la tutela de ciertos derechos por encima de otros. En ese sentido, resulta desproporcionado que los titulares de derechos de autor tengan por ley el súper derecho de ordenar a la policía que compruebe una situación sin que el mismo derecho no asista a las víctimas de robos, violencia familiar o secuestros.

Finalmente, el Proyecto también propone precisar que la potestad de exigir el cese de la actividad ilícita del infractor, así como la indemnización correspondiente de la que habla el artículo 196 solo podrá ejercerse frente a la autoridad judicial correspondiente. Creemos que dicha precisión es aconsejable aunque actualmente ya podría llegarse a la misma conclusión si se entiende que, al estar comprendido el artículo 196 dentro del capítulo sobre procedimientos civiles, sus disposiciones solo aplican a casos tramitados en Poder Judicial.

Un tema interesante que se desprende del último punto es que, según su Exposición de Motivos, la intención original del cambio es dejar sentado que el único que pueden ordenar la intervención en establecimientos de terceros por infracción a los derechos de autor es la autoridad judicial. Esta idea choca directamente con los poderes que la propia ley confiere a la Oficina de Derechos de Autor y a la Comisión, quienes no son una autoridad judicial y aún así se les confiere la posibilidad de ordenar cualquier tipo de suspensión, cierre, decomiso de establecimientos, medios de comunicación y páginas web incluso de manera cautelar, incluso de oficio e incluso sin notificar a la parte afectada tal como lo hicieron en el caso The Pirate Bay. Sin duda, un tema de mucha actualidad que la Comisión tendrá que evaluar.

Este Proyecto de Ley se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde diciembre de 2013.

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Proyecto de Ley No. 2932/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por la congresista Julia Teves el 15 de noviembre de 2013 y lleva la firma de los congresistas Angulo Alvarez, Roberto Edmundo; Apaza Condori, Emiliano; Apaza Ordoñez, Justiniano Romulo; Cardenas Cerron, Johnny; Llatas Altamirano, Cristobal Luis; Nayap Kinin, Eduardo; y, Romero Rodriguez, Eulogio Amado.

En noviembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen.

Lo que propone

Este Proyecto busca modificar siete (7) artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con excepciones y limitaciones al derecho de autor y sociedades de gestión colectiva (SGC). Todas las propuestas están relacionadas con las denuncias periodísticas realizadas contra APDAYC como parte de la investigación periodística #IntervenganAPDAYC.

La primera parte del Proyecto plantea incluir dos nuevas excepciones en la lista del artículo 41 de la Ley sobre casos en los que resulta lícito comunicar una obra sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna. Una propone que se excluya del pago a la comunicación realizada por personas naturales con motivo de matrimonios, cumpleaños, aniversarios, bautizos o similares. En forma similar al proyecto de Juan Díaz Dios, mantiene la obligación de realizar el pago por parte de propietarios de locales que habitualmente los alquilen para este tipo de eventos aunque exceptúa a las instituciones religiosas. La otra excepción excluye del pago por la comunicación a las instituciones sin fines de lucro cuando lo hagan en el marco de actos de caridad.

En lo referente a SGC, el Proyecto propone que sus tarifas sean establecidas de común acuerdo con gremios o grupos representativos de usuarios y, a falta de acuerdo, se someta a un arbitraje. De la misma manera, propone que las tarifas sean recaudadas a través de un sistema de ventanilla única que unifique en un solo trámite el pago a todas las sociedades de gestión colectiva.

Como otros analizados en este serie, este Proyecto también se ocupa de las incompatibilidades para ejercer los cargos de Director Ejecutivo y miembro del Consejo Directivo o Comité de Vigilancia. A la lista de los artículos 155, 156 y 157 propone agregar que la causal de parentesco con funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor o Tribunal del lndecopi se extenderá hasta cinco (5) años después de que el funcionario haya dejado el cargo. Así mismo, también se propone agregar el ser propietario, socio, accionista, representante o abogado de editoras que administren obras que formen parte del repertorio de la sociedad o tener un grado de parentesco con quienes ejerzan estas funciones. Adicionalmente, se propone considerar incompatible con los cargos de miembro del Consejo Directivo o del Comité de Vigilancia el ser Director General, o pertenecer a los órganos de gobierno de otra sociedad de gestión colectiva.

El Proyecto también propone añadir al artículo 158, sobre las personas respecto de las cuales la SGC se encontrará impedida contratar, a los miembros de sus órganos de gobierno. En el mismo artículo, plantea que los miembros de los órganos de gobierno de la sociedad estén impedidos de “realizar o propiciar actos en beneficio propio, directo o indirecto, que impliquen manifiesto conflicto con los intereses de los titulares cuyo repertorio administra la sociedad”.

Finalmente, propone añadir como una facultad de la Oficina de Derechos de Autor la posibilidad de que en forma extraordinaria y motivada dicte una medida cautelar de suspensión de las autoridades societarias en el ejercicio de sus funciones.

Este Proyecto de Ley resulta bastante similar a otros que ya hemos analizado. Quizás uno de los aspectos más particulares de su propuesta es la introducción de la ventanilla única para la recaudación por parte de las SGC. Este es un sistema que se ha propuesto e implementado con éxito en otros países y sobre cuyos beneficios se pronunció la Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi hace unos años. Para el usuario, un sistema de ventanilla única puede ayudar a facilitar la comprensión y el cumplimiento de sus obligaciones como usuario de obras protegidas por derechos de autor. Sin embargo, la Comisión deberá de ponderar también las consecuencias que un sistema de este tipo puede tener para las propias SGC.

El otro elemento que merece comentario es la propuesta de la fijación de tarifas de común acuerdo entre SGC y grupos de usuarios. Este mecanismo puede ser un arma de doble filo, en caso los grupos de usuarios puedan ser capturados políticamente por las SGC. Por lo demás, es una propuesta interesante a considerar aunque es pertinente mencionar que las principales quejas contra las SGC no pasan por el hecho de que sus tarifas son muy altas sino porque son aplicadas en forma arbitraria y cobradas a través de prácticas intimidatorias. Quizás la solución no pase por introducir un sistema de fijación de tarifas concordado. Otros proyectos de ley han propuesto la posibilidad de que sea Indecopi quien apruebe y tenga la capacidad de revisar las tarifas y es una alternativa que la Comisión deberá de ponderar.

Se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.

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Proyecto de Ley No. 2911/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por el congresista Leyla Chihuán (Fuerza Popular) el 14 de noviembre de 2013 y también lleva la firma de los congresistas Tan De Inafuko, Aurelia; Lopez Cordova, Maria Magdalena; Elias Avalos, Jose Luis; Melgar Valdez, Elard Galo; Reátegui Flores, Rolando; y, Salazar Miranda, Octavio Edilberto

En noviembre del 2013, el Proyecto fue asignado a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen

Lo que propone

Este Proyecto busca cambiar cuatro artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva (SGC). Al igual que otros proyecto de ley analizados en esta serie, viene precedido de las denuncias por malos manejos contra APDAYC y se da tras varias audiencias en el Congreso.

El primer cambio que busca este Proyecto es que quede señalado explícitamente en la Ley la prohibición de reelección inmediata del Director General, Consejo Directivo y Junta de Vigilancia de las SGC. Así mismo, propone añadir como incompatibilidad al cargo de Director General y miembro del Consejo Directo o Junta de Vigilancia el tener algún grado de parentezco con los funcionarios de la Dirección de Derechos de Autor, la Comisión de Derechos de Autor, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos de Autor, el Tribunal o las Secretarías Técnicas de las Salas del Tribunal del Indecopi.

La otra propuesta de este Proyecto plantea que se incluya dentro del artículo 153, referido a las obligaciones de las SGC, que solo puedan cobrar las tarifas designadas en casos en los que existe un ánimo de lucro. En ese sentido, propone precisar en el propio literal e) de dicho artículo que no se podrán aplicar tarifas a actividades realizadas por personas naturales o jurídicas que no tengan finalidad lucrativa, como reuniones o eventos en casas particulares, locales gratuitos o instituciones culturales y de enseñanza. Finalmente, para efectos de la aplicación de dicho artículo, define los casos donde existe fin de lucro cuando se cobra entrada.

El primer grupo de propuestas se enmarca dentro de lo ya ensayado por otros Proyectos de Ley y que creemos resulta positivo para promover mayor dinamismo dentro de las SGC y reducir los espacios para juegos de interés. Sin embargo, creemos que la propuesta de añadir una excepción para actividades que carezcan de fin de lucro no debería de colocarse en el artículo referido a casos en los que la sociedad de gestión colectiva puede cobrar. Por el contrario, como ya lo han propuesto otros proyectos de ley como el de Tejada, alguna versión de esta excepción debería de colocarse en el capítulo destinado a las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Ello con la finalidad de legitimar estos usos en todos los casos y no solo cuando intervenga una SGC.

Este Proyecto de Ley se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.

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Proyecto de Ley No. 2875/2013-CR

Esta entrada es parte de la serie que estamos haciendo sobre los proyectos de ley que buscan cambiar la Ley de Derechos de Autor en Perú. Consulta la lista completa desde aquí.

Este Proyecto de Ley fue presentado por el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) el 31 de octubre de 2013 y también lleva la firma de los congresistas Canches Guzman, Rogelio Antenor; Portugal Catacora, Mariano Eutropio; Benítez Rivas, Heriberto; Merino De Lama, Manuel; Mavila Leon, Rosa Delsa; Inga Vasquez, Leonardo Agustin; y, Rimarachin Cabrera, Jorge Antonio.

En noviembre del 2013, el Proyecto fue asignado a las Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos donde está pendiente de dictamen

Lo que propone

Este Proyecto busca modificar veintidós (22) artículos del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados exclusivamente con el funcionamiento y fiscalización de las sociedades de gestión colectiva (SGC). Está fuertemente influenciado por los reportes sobre malos manejos dentro de APDAYC y busca, artículo por artículo, reducir la posibilidad de que ese tipo de casos se repitan.

El primer cambio importante se refiere al criticado artículo 147, que actualmente establece la presunción de que las SGC representan a todos los artistas y obras que afirman representar, salvo prueba en contrario. Sobre el punto, proponen que las SGC solo puedan ejercer la defensa y administrar los derechos respecto de los cuales el titular les haya otorgado un poder de manera expresa en instrumento público. En caso se trate de artistas no domiciliados en Perú, se respeta el trámite según la legislación internacional. Así mismo, señala que en ningún caso las SGC podrán cobrar por el uso que hagan los titulares de sus propias obras, sean o no derechos administrados.

En otro punto, el Proyecto propone que las tarfias a cobrar sean “reguladas” por la Oficina de Derechos de Autor y reducir de 30% a 3% el margen de gastos administrativos y de gestión en los que podrá incurrir la SGC respecto del total recaudado por año. De la misma manera, la SGC quedará obligada a presentar su propuesta de distribución de regalías a Indecopi para su aprobación (artículo 153). En correspondencia, se propone modificar el procedimiento de arbitraje por aplicación abusiva de tarifas del artículo 163 por un procedimiento sancionador regular ante la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi.

El Proyecto también propone que sea Indecopi quien autorice, renueve y revoque el funcionamiento de las SGC según criterios más estrictos (artículos 148, 149 y 150); y, prohíbe expresamente que las SGC realicen otras actividades que no sean defender los derechos de sus asociados, como crear crear empresas o realizar inversiones, y que incluso sus propios directivos queden prohibidos de crear empresas de ningún tipo (artículos 146 y 153). También señala que sus órganos de gobierno solo se elegirán por dos años y podrán reelegirse por un periodo adicional (artículo 152). De la misma manera, prohibe que los miembros de los órganos de gobierno de las SGC sean accionistas, socios, miembros o similares de cualquier persona jurídica que desarrollemactividades vinculadas directa o indirectamente a los derechos de autor o a su explotación económica (artículos 155, 156 y 157), así como prohíbe que las SGC puedan contratar con parientes y allegados de los miembros de sus órganos de gobierno (artículo 158). Así mismo, se prohibe que los estatutos de las SGC contemplen clases de titulares distintas a las establecidas en un futuro Reglamento de la Ley y que los asociados o no asociados estén obligados a firmar el contrato de adhesión a la SGC (artículo 151) que deberá de renovarse en plazos de dos (2) años.

Un proyecto complejo

Se trata de un Proyecto de Ley bastante reactivo y que debe de ser analizado con cuidado. Es importante poner en perspectiva los aprendizajes del caso Apdayc y no caer en el mero revanchismo. En ese sentido, creemos que hay muchos aspectos positivos en este Proyecto de Ley como la propuesta de invertir la carga de la prueba en el artículo 147 y el endurecimiento del régimen de prohibiciones e incompatibilidades aplicables a las SGC y sus representantes. Algunas de las propuestas contenidas en este Proyecto también han sido ensayadas por otros proyectos de ley analizandos en esta serie. Otra propuesta muy interesante es la de obligar a que los contratos de adhesión firmados entre las SGC y los titulares se renueven cada cierto período de tiempo, lo que obligaría a las SGC a mantener relaciones jurídicas ordenadas y armónicas con todos sus asociados porque, de lo contrario, no volverían a firmar el contrato y las SGC quedarían impedidas de cobrar por la explotación de esas obras.

Sin embargo, también creemos que existen propuestas que es necesario revisar. En ese sentido, las propuesta de reducir de 30% a 3% el margen que tienen las SGC para gastos administrativos o el que sea Indecopi quien regule directamente las tarifas pueden parecer buenos golpes contra las SGC pero pueden tener efectos no deseados. Además de los cuestionamientos propios de los principios de la intervención del Estado en la economía, debe de tenerse en cuenta que un régimen que intente debilitar económicamente a las SGC puede generar incentivos para más chantajes, corrupción y negociaciones fuera de la mesa.

Sí creemos que es necesario que el Estado dicte las reglas según las cuales funcionarán las SGC. Empero, estas reglas deben de procurar que se cobre cuando haya que cobrar, se cobren tarifas equitativas y que lo recaudado se distribuya efectivamente entre los creadores cuyas sobras hayan sido utilizadas. Cualquier otro intento de castigarlas por lo que haya hecho una gestión dentro de una SGC ((APDAYC no es la única sociedad de este tipo que opera en Perú)) puede terminar reduciendo los ingresos de los creadores, promoviendo la informalidad, el populismo o generando enfrentamientos entre los autores y el Estado.

Este Proyecto de Ley se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de Defensa del Consumidor desde noviembre de 2013.

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