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Comisión de la Mujer del Congreso corrigió los errores de la Ley Chehade

El año pasado vimos con preocupación el Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR presentado por el congresista Omar Chehade con la intención de proteger a los menores de edad de contenidos pornográficos disponibles en Internet. Tal como lo señalamos en su oportunidad, este proyecto planteaba un esquema de censura previa de contenidos en Internet y ponía en riesgo la libertad de expresión en línea. Afortunadamente, hace unas semanas la Comisión de la Mujer del Congreso decidió cambiar por completo la propuesta para orientarla a la promoción desde el Estado del uso seguro y responsable de Internet por parte de menores.

El Proyecto original

El Proyecto de Ley original proponía que todas las conexiones a Internet en Perú sean filtradas por una Comisión Estatal con la finalidad de proteger a los niños del contenido obsceno y pornográfico en Internet. Según su texto, los filtros serían aplicados por todas las empresas que brindan acceso a Internet, salvo que el usuario solicite ser excluido del programa, y podrían incluir páginas personales, blogs, servicios de almacenamiento de fotos o vídeos, redes sociales e incluso sistemas de mensajería.

Dicho Proyecto fue duramente criticado por especialistas en Derecho, educación y usuarios de Internet. En octubre, una petición en línea promovida por la ONG Hiperderecho logró más de 400 adherentes. La iniciativa incluso mereció una columna en El Comercio escrita por Dawn Nunziato, profesora de George Washington University, y Eduardo Bertoni, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que señalan que un trabajo suyo había sido incorrectamente citado en la exposición de motivos del Proyecto de Ley. En octubre del año pasado, Hiperderecho participó junto a otras organizaciones como Chicos.net de una serie de sesiones de trabajo dirigidas a identificar los problemas del Proyecto.

Los cambios

La Comisión de Mujer del Congreso, que tenía asignada desde agosto la revisión del polémico Proyecto de Ley, hizo público esta semana su Dictamen en el que cambia totalmente el texto del Proyecto [PDF]. El nuevo texto se aleja de la mirada pesimista de la tecnología del proyecto original y eso se nota desde su nuevo título: Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Niños, Niñas y Adolescentes.

El Dictamen reconoce que la propuesta original era insostenible y avanza hacia una solución más profunda y documentada del problema, superando la prohibición y el intervencionismo estatal. En cambio, propone que el Estado juegue un rol facilitador en alianza con la empresa privada para desarrollar estrategias que eduquen a las familias sobre la importancia del uso responsable de Internet. Así, su artículo 2 parte por declarar este objetivo como de interés nacional.

Artículo 2.— Declaratoria de Interés Nacional
En atención al Interés Superior del Niño, declárese de interés nacional la generación y puesta en marcha políticas de Estado destinadas a informar y educar en forma integral a la población sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando prioridad al uso de las mismas por parte de los niños, niñas y adolescentes.

De la misma manera, la Comisión que antes iba a dedicarse censurar páginas web ahora tiene como finalidad proponer y definir lineamientos para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta comisión también estará integrada por representantes de las empresas de telecomunicaciones y de la sociedad civil y se propone que tenga un fuerte rol de difusión y educación:

Artículo 3.— De la Comisión Especial
(…) El objetivo de esta Comisión Especial será definir políticas generales para la elaboración y difusión de campañas de información, prevención y educación. Tales campañas deben incluir una página web elaborada para tal efecto por el Ministerio de Educación, publicaciones en medios de prensa radial, televisivos y escritos, charlas y material escrito en los colegios, talleres para padres y para niños.

Respecto de los filtros, el Dictamen propone que las empresas que comercialicen el servicio de acceso a Internet estén obligadas a explicar a los usuarios la posibilidad de establecer filtros gratuitos o de pago para el bloqueo de contenidos en computadoras y teléfonos móviles. Además, señala que ello debe de ser explícito en los contratos de servicios señalando la potestad del usuario de contratarlos.

Un ejemplo para el futuro

Para Miguel Morachimo, Director de Hiperderecho, la experiencia de este Proyecto de Ley sienta un precedente importante para legislar sobre Internet:

“La Comisión de la Mujer presidida por Cecilia Chacón le ha dado un ejemplo al Congreso de cómo es posible promover una agenda positiva sobre tecnología e Internet desde las políticas públicas. Han tomado un proyecto de ley sustentado en una preocupación válida pero mal planteado y han buscado espacios de discusión plural, explorado alternativas y el resultado de ese trabajo se deja ver. Ha sido muy positivo tener un debate transparente, participativo y sin prejuicios. Hay que felicitar a la Comisión por hacer algo que no se ve seguido en el Congreso. Ojalá que otras Comisiones tengan una actitud similar en el futuro.”

El Dictamen lleva la firma de los congresistas Cecilia Chacón, Doris Oseda, Esther Saavedra, Elsa Anicama, María López Córdova, Verónika Mendoza, Aurelia Tan de Inafuko y Cenaida Uribe. El mismo, con este nuevo texto, ahora espera su discusión en el Pleno del Congreso, donde puede ser aprobado, modificado o rechazado en las próximas semanas.

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Foto: Congreso de la República

Infografía: La Ley que quiere filtrar todo lo que vemos en Internet

El Proyecto de Ley de Protección del Menor de Contenidos Pornográficos en Internet (pdf), presentado por el congresista Omar Chehade propone que todas las conexiones a Internet en Perú sean filtradas por una Comisión Estatal con la finalidad de proteger a los niños del contenido obsceno y pornográfico. Los filtros serían aplicados por todas las empresas que brindan acceso a Internet, salvo que el usuario solicite ser excluido del programa, y podrían incluir páginas personales, blogs, servicios de almacenamiento de fotos o vídeos, redes sociales e incluso sistemas de mensajería.

¿Por qué es una mala idea?

Filtrar todas las conexiones a Internet de Perú no es una manera de educar a los niños. Este Proyecto de Ley le daría el Estado el poder de censurar cualquier contenido en Internet y no haría mucho por impedir que los menores continúen accediendo a contenido pornográfico. Los únicos beneficiados serían las empresas que venden la tecnología de filtrado, que según el propio Proyecto de Ley serían seleccionadas por el Estado. Un sistema de filtrado obligatorio, por defecto, dictado por el Estado y a nivel de proveedores de servicio solo existe en estados como China, Irán o Cuba. ¿Su régimen de libertad de expresión es un modelo a seguir?

¿Qué podemos hacer?

Este Proyecto de Ley se encuentra pendiente de discusión en la Comisión de la Mujer y Familia. Necesitamos hacernos escuchar y explicarles a los congresistas de esta Comisión que un sistema de filtrado de este tipo terminaría con la Internet como la conocemos. Hace unos días, enviamos formalmente una carta al Congreso pero necesitamos que tú también participes. Para hacerte escuchar, puedes participar de esta campaña y por cada persona que firme les enviaremos un correo electrónico con tu nombre a los congresistas responsables de aprobarla.

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Hiperderecho envió comentarios al Proyecto de Ley Chehade

El último viernes 25 de octubre estuvimos en el Congreso participando de la Audiencia Pública “Debate y Estudio del Proyecto de Ley de Protección al Menor de Contenido Pornográfico”, organizado a propósito del controversial Proyecto de Ley de Protección del Menor de Contenidos Pornográficos en Internet. Este Proyecto de Ley propone que los contenidos accesibles por todas las conexiones a Internet del país sean previamente filtradas por una Comisión Estatal con la finalidad de proteger a los menores de edad de contenidos pornográficos en un sistema opt-out. Actualmente, el Proyecto presentado por Omar Chehade se encuentra pendiente de debate en la Comisión de Mujer y Familia que preside Cecilia Chacón.

Además de explicar los problemas del Proyecto de Ley en la Audiencia, nos aseguramos de dejar en mesa de partes una copia de nuestros comentarios dirigidos a todos los integrantes de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso. En el documento, explicamos en términos sencillos que (i) este Proyecto conocido como Ley Chehade amenaza seriamente la libertad de expresión y acceso a la información, (ii) es discutible preferir los filtros a nivel de ISP versus los instalados a nivel del usuario en términos de eficacia, (iii) el despropósito que significa que una comisión estatal detecte todas las páginas pornográficas, y, (iv) que los únicos beneficiados con el Proyecto de Ley son las empresas que venden las tecnologías de filtrado.

Se espera que el Proyecto de Ley sea discutido en Comisión durante las próximas semanas. La Comisión podría elegir rechazarlo, aprobarlo o aprobarlo con un texto sustitutorio. En cualquiera de los últimos dos casos, el dictamen pasaría al Pleno donde volvería a ser debatido y aprobado, devuelto a Comisión o rechazado.

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Hiperderecho expondrá en el Congreso los problemas de la Ley Chehade

Esta semana se llevará a cabo la Audiencia Pública “Debate y Estudio del Proyecto de Ley de Protección al Menor de Contenido Pornográfico” en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso. El evento es organizado por la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República y por el despacho del congresista Omar Chehade Moya.

La Audiencia Pública tiene como finalidad conocer los distintos puntos de vista de otras entidades del estado, empresas y especialistas sobre los temas del Proyecto de Ley. El programa completo incluye la participación de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Minsterio de la Mujer, el Tribunal Constitucional y la DIVINDAT. También participarán organizaciones como la ONG Hiperderecho, la Red Peruana contra la Pornografía Infantil y la ONG Acción por los Niños. Además, también brindarán sus perspectivas el profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico Óscar Súmar y el psicólogo Fernando Maestre.

A las 11:40 am, Manuel González de la ONG Hiperderecho hablará de los problemas que plantea el filtrado de las conexiones a Internet para la libertad de expresión. Su participación se enfocará en explicar los múltiples problemas que significa establecer un sistema de filtrado estatal y la forma en la cual realmente no soluciona el problema de los menores accediendo a contenidos pornográficos a través de Internet.

El evento se llevará a cabo este viernes 25 de octubre en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea desde las 9 pm. El ingreso es libre.

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Expertos internacionales citados por la Ley de control de contenidos de Chehade la rechazan

El proyecto de ley que propone filtrar por defecto todos los contenidos pornográficos de Internet para proteger a los menores ha sido duramente criticado en las últimas semanas. La iniciativa legislativa, presentada por el congresista Omar Chehade, viene acompañada de una exposición de motivos donde entre otras cosas se menciona a China, Irán y Cuba como países que han logrado implementar un sistema similar.

La exposición de motivos también refiere un ensayo de la profesora de Derecho y especialista en libertad de expresión Dawn Nunziato, publicado en español en un libro sobre censura en Internet editado por el profesor Eduardo Bertoni de la Universidad de Palermo.

Se plantean, pues, pautas claras que garantizarán la neutralidad, equilibrio y transparencia en la selección de las páginas que serán bloqueadas, además de otras garantías aplicables en los procesos judiciales como el debido proceso y la doble instancia ante supuestos de lesiones de derechos.

Como se indica en el libro «Hacia una internet libre de censura. Propuesta para América Latina», con definiciones claras y precisas de las expresiones que bloquearán, con procesos que se implementarán de manera abierta y transparente de modo que todos -usuarios y proveedores- los que se sientan afectados sean informados sobre el bloqueo y las razones de esa medida, con la posibilidad de apelar las decisiones de bloqueos ante ·el órgano judicial, se podrá garantizar adecuadamente el derecho a la libertad de expresión e información de todos los ciudadanos.

Sin embargo, en una columna publicada hoy en el diario El Comercio, los propios Dawn Nunziato y Eduardo Bertoni han expresado su rechazo a lo propuesto por el Proyecto de Ley.

En la exposición de motivos del proyecto, hemos sido citados y, de una lectura rápida, parecería que avalamos el proyecto. Sin embargo, lo que expresamos en la obra que se cita, va directamente en sentido contrario al mecanismo de bloqueo y monitoreo que se diseña en el proyecto.

Más adelante, los autores específicamente solicitan al Congreso peruano que rechaze la Ley Chehade por atentar con la libertad de expresión y la privacidad.

En conclusión y para que quede claro: filtrar es censurar y la censura violenta la libertad de expresión. Y monitorear es espiar, y ello vulnera nuestra privacidad. Respetuosamente y al haber sido mencionados en el proyecto, instamos al Congreso peruano a que no lo transforme en una ley.

Como se sabe, el Proyecto de Ley de Protección de Menores en Internet se encuentra actualmente esperando discusión en la Comisión de Mujer y Familia.

Foto: Congreso de la República del Perú (CC BY)

Cómo aprendimos a dejar de preocuparnos y amar la prohibición

Un grupo de proyectos de ley presentados recientemente en el Congreso peruano, abordan diversos asuntos relacionados con el uso de Internet. Sin embargo, su entendimiento de las tecnologías y sus posibilidades es parcial y pesimista, terminando en fórmulas que proponen la prohibición de todo aquello que no se pueda controlar.

Un proyecto de ley presentado por el congresista Omar Chehade parte de la preocupación por la facilidad de acceder a contenidos pornográficos a través de Internet. Considera que resulta cada vez más difícil para los padres supervisar lo que sus hijos hacen en línea, debido a los diversos medios y dispositivos existentes para conectarse. Por ello, propone crear una comisión estatal dedicada a identificar y ordenar el bloqueo de todos los contenidos no aptos para menores disponibles en Internet. Este filtrado se aplicaría por defecto a todos las conexiones de Internet del país y solo se levantaría para los usuarios que lo soliciten expresamente a su proveedor de acceso.

La propuesta adolece de profundos problemas legales y prácticos, como lo hemos señalado en Hiperderecho. En principio, porque implantaría un sistema estatal de censura previa respecto de un contenido que en sí mismo es legal, como la pornografía. El proyecto no busca regular el acceso a pornografía infantil sino a la pornografía en general.

Además, el requisito de solicitar expresamente a la empresa operadora la habilitación de los contenidos pornográficos, crearía un registro nacional de consumidores de pornografía del que nadie querría formar parte.

En la práctica, el proyecto también sería una tarea de muy difícil implementación y mantenimiento. El volumen de sitios que tendrían que diariamente agregarse a la lista negra estatal llevaría a errores, zonas grises y casos en los que termine utilizándose esta potestad estatal con fines de censura política. El uso intensivo de esta potestad llevaría a bloquear servicios como Tumblr, Pinterest o todo el tráfico peer-to-peer en Perú. Por ende, la aceptación de estas soluciones abriría la puerta a que en un futuro cercano se busque implementar sistemas de filtrado similares para infracciones a los derechos de autor o difamación.

Por otro lado, luego de un accidentado primer intento por ampliar el catálogo de delitos informáticos existentes en Perú, un nuevo proyecto de ley firmado por el Poder Ejecutivo quiere incorporar un conjunto de nuevos delitos relacionados con sistemas informáticos. La propuesta se inspira en parte en el Convención sobre Cibercrimen de Budapest cuando propone incorporar delitos como los de acceso ilícito, atentado contra la integridad de datos o sistemas informáticos o el uso indebido de dispositivos, entre otros. Sin embargo, en algunos casos omite señalar excepciones que sí están presentes en el texto internacional y en otros incorpora artículos totalmente nuevos.

Es el caso de los delitos de grooming, discriminación e interceptación telefónica. En el primero, en firme cumplimiento de la tradición nacional por seguir las modas continentales, se propone penalizar a quien “a través de las tecnologías de la información o de las comunicaciones” contacte a un menor de catorce años para solicitarle material pornográfico o proponerle actividades sexuales. En el caso del delito de discriminación, se propone ampliar la redacción vigente del Código Penal para incluir los casos en los que el delito se realiza “a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”. En otras palabras, propone hasta tres años de cárcel para quien a través de un artículo, comentario o un video difundido por Internet discrimina o incita a la discriminación. Finalmente, el proyecto de ley también intenta aumentar las penas para el delito de interceptación telefónica hasta los seis años y propone agravantes para información clasificada o que comprometa la defensa y soberanía nacional.

Aunque ambos proyectos de ley han sido elaborados por equipos distintos y abordan problemas diferentes, es posible identificar algunos puntos en común. En primer lugar, comparten una visión desesperanzadora de lo que significa la tecnología y del rol estatal sobre ella.

La sociedad ha abrazado la apertura de la tecnología como una oportunidad para innovar y mejorar nuestra calidad de vida. Una oportunidad, por cierto, no desprovista de riesgos pero a cuyos beneficios no podemos negarnos. Por el contrario, en estos proyectos, nuestro Estado parece ver en la tecnología una profunda amenaza a la sociedad que es imprescindible reprimir y respecto de la cual nunca se podrá estar suficientemente protegido.

Por eso es que estos proyectos se esfuerzan en cubrir todos los supuestos posibles, así nunca se vayan a verificar en la práctica o no tengamos los medios apropiados para detectarlos. Por eso creen que es mejor que los supuestos sean demasiado amplios en lugar de hacerlos demasiado específicos. Esta aproximación “precautoria” a los usos de la tecnología puede terminar afectando no solo usuarios sino también a empresas, creadores y emprendedores que experimentan con los nuevos medios.

El otro rasgo común que tienen ambos proyectos de ley, es su alienación respecto de la realidad nacional y la capacidad institucional del Estado. Su punto de partida siempre es un documento internacional, una iniciativa extranjera que se pretende imitar o la necesidad figuración política frente a un tema de coyuntura.

Peor aún, la prisa en adaptar el Convenio de Budapest es evitar que se apruebe un proyecto de ley peor como el propuesto por la Comisión de Justicia el año pasado y que todavía no ha sido retirado. Sin embargo, ninguno parte de señalar la cantidad de delincuentes que se le han escapado al Estado por un vacío legal, el éxito que han tenido estas medidas en otros países o el impacto que las medidas propuestas tendrán en la libertad de expresión, la protección de datos personales o el desarrollo de la investigación científica.

Esta desconexión con la realidad hace que las propuestas sean tan descabelladas como un filtro nacional anti pornografía, o tan populistas y peligrosas como ampliar el delito de discriminación a espacios como Internet. Son prohibiciones raras porque son tan ambiciosas que a todos nos queda claro que no se van a cumplir efectivamente, o solo se van a hacer valer selectivamente, contra aquello que el Estado no puede callar por otros medios. Estas prohibiciones amplias y principistas son muy peligrosas para una sociedad libre y la tecnofobia de algunos de nuestros políticos nos está llevando a tomarlas por inocentes.

Artículo publicado originalmente en el boletín Digital Rights LAC, edición no. 3.

Proyecto de Ley propone establecer una censura previa en Internet

El Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR (pdf) presentado por el congresista Omar Chehade y la bancada Nacionalista plantea serios cuestionamientos a las libertades individuales en Perú. El Proyecto propone establecer un sistema nacional de filtros de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores de Internet que impidan el acceso a páginas con contenido pornográfico. Este filtro sería aplicado por defecto a todos los usuarios de Internet y la única manera de evitarlo sería solicitándolo expresamente a la empresa operadora. Para ello, un grupo de representantes de entidades públicas sería el encargado de determinar qué contenidos serían objeto de censura. De esta manera, la propuesta busca proteger a los menores de edad del acceso a páginas pornográficas.

Para Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho, el Proyecto desconoce la forma en la que funciona Internet y propone una solución imposible:

“La propuesta tiene un fin loable: proteger a los menores de contenidos para adultos en Internet. Sin embargo, crear una lista negra obligatoria de páginas web y servicios bloqueados por defecto es una idea que, además de imposible, atenta contra los derechos fundamentales. Sería equivalente a que todos los programas de televisión y publicaciones pasen por una revisión previa antes de hacerse públicos. Los principales proveedores de Internet ya ofrecen ese servicio a solicitud del usuario. Invertir el esquema atentaría contra la libertad de expresión, al abrir la posibilidad de establecer una censura estatal, y también afectaría el derecho a la vida privada, que asiste a todos los mayores de edad que desean acceder a esos contenidos sin tener que registrarse previamente.”

Así mismo, Morachimo manifestó que resultaría imposible que un grupo de siete funcionarios estatales revisen toda la Internet y actualicen constantemente una lista de páginas web bloqueadas. Invocó a los Congresistas a rechazar la moción y tratar de combatir el problema a través de intervenciones que se dirijan a educar a padres de familia y menores sobre el uso responsable de Internet o lograr alianzas público privadas que abaraten los costos de los filtros parentales actualmente ofrecidos. Finalmente, expresó su preocupación sobre la proliferación de este tipo de propuestas que pretenden controlar Internet y pasar por alto los derechos de los usuarios, como la Ley de Responsabilidad de ISPs que elabora el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en silencio y a la negociación a puerta cerrada del Acuerdo de Promoción Transpacífico.

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